¿Qué cuenta la Cámara de Cuentas?

La Cámara de Cuentas de República Dominicana es la llamada a ser guardiana de los fondos públicos. Su rol es fiscalizar el uso de los recursos del Estado procurando su manejo con total apego a la transparencia y se rige basada en preceptos legales que se encuentran establecidos en la Ley 10-04 de fecha 20 de enero del 2004.

Velar por la transparencia en el uso de los fondos públicos no es tarea fácil, sobre todo cuando se sabe que existen quienes, o se sienten que están por encima del imperio de la Ley o que simplemente, cuando se proponen a hacer las cosas mal, las hacen y sin siquiera pensar si lo hecho perjudica o priva de algún derecho a quienes menos tienen en la sociedad. Lo cierto es que, como dominicanos, nunca hemos estado ajenos a esta realidad.

La ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, designa a la Cámara de Cuentas como órgano de control, fiscalización y aplicación de la misma.

Esta ley tiene por objeto “establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad; facilitar la coordinación institucional, promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas normativas que le permitan ejercer sus funciones de manera eficiente”.

La Ley sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, instituye sanciones por omisión, falsedad de datos y enriquecimiento ilícito. Establece en su articulado que, aquellos funcionarios que no presentaren su declaración en el plazo establecido u omitan o falseen información sobre su patrimonio, serán penalizados con las sanciones previstas en la Ley 41-08 de Función Pública o con prisión de uno a dos años y multa de veinte a cuarenta salarios mínimos del Gobierno Central, según el caso.

La ley 311-14 establece en su artículo 5 que los funcionarios públicos están obligados a depositar su declaración jurada de bienes durante los 30 días siguientes a la toma de posesión y otorga igual cantidad de días para que el funcionario saliente haga lo propio, sin embargo, hoy 7 de diciembre, han pasado 113 días después del 16 de agosto, en el que funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y electos tomaron juramento y según informes de la propia Cámara de Cuentas, un total de 4,388 servidores públicos no acataron lo que establece la referida ley sobre la declaración de su patrimonio; en su mayoría alcaldes, regidores y legisladores.

Es entonces cuando pregunto ¿Para qué utilizan los funcionarios electos, por ejemplo, el largo período de transición, que el tiempo no le alcanza siquiera para organizar “su entrada” a la administración pública?

¿Con qué autoridad moral puede dar la cara un funcionario designado por el poder ejecutivo o elector por voto popular, que ni siquiera es capaz de dedicarle unas horas de su vida a cumplir con la ley y así poner el ejemplo y aportar un granito de arena al sistema de transparencia de una nación pobre y que tanto necesita de buenos referentes?

Peor aún… ¿Hasta cuándo el propio Estado seguirá manejando la cosa pública al margen del imperio de la Ley? No había que esperar 113 días para denunciar que hay más de 4,000 servidores públicos que no respetan las leyes y no les preocupa la transparencia en el país. LA CULTURA DE APLAZARLO TODO DEBE CONCLUIR, los plazos fatales establecidos en leyes, decretos y/o resoluciones, etc., se deben comenzar a respetar.

La Cámara de Cuentas debe dejar de hacer cuentos y cumplir su rol según lo establece su marco legal vigente y los poderes del Estado deben actuar según lo establecido en textos legales. Lo propio deben hacer todas aquellas dependencias que establecen plazos que funcionarios y ciudadanos debe cumplir. Si te eligieron o fuiste designado para ocupar un cargo, tienes 30 días para ponerte al día según lo que establece la Ley, si no tienes tiempo, buscamos otro que si lo tenga, y esto aplicarlo a todo en el Estado y el cotidiano vivir.

¿Nos da un plazo el agente de la AMET cuando transitamos sin el marbete? ¡No, nos multan en el instante! ¿Nos dan un plazo en escuelas privadas cuando tenemos varias cuotas atrasadas? ¡NO, hay centros que hasta envían los niños a casa! ¿Si no pagamos a tiempo el servicio  energético, lo recibimos? ¡NO, si no se paga antes de una fecha, lo cortan! Y esto solo por citar algunos ejemplos.

Dejémonos de cuentos, que cuando de transparencia se trata y de cumplimiento a la Ley se habla, la aplicación debe ser automática y más drástica su aplicación.

¡Es hora de que comencemos a respetar la ley!

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