La lucha contra la corrupción inicia aplicando la Ley 311-14

Para el año 2009 fue presentada la propuesta de modificación a la Ley 82-79, sobre Declaración Jurada de Bienes y que hoy conocemos como LEY 311-14.

La responsabilidad de elaborar el anteproyecto con las modificaciones a dicha normativa recayó en ese entonces, en lo que una vez se llamó dirección de persecución de la Corrupción DPCA, hoy Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

A decir de quienes participaron de la elaboración del anteproyecto de modificación y hoy Ley 311-14, esta constituía una transformación radical, pues en ella eran establecidas importantes reglas tanto para el orden administrativo como lo atinente a las implicaciones jurídico-políticas que ella encierra.

Lo más importante de esta Ley es que en ella misma, ante su incumplimiento, se estableció un régimen de consecuencias punitivas y económicas sobre las personas que desempeñan cargos públicos y a esta falten.

Entonces yo pregunto. ¿Es la Ley 311-14 una amenaza para aquellos que tienen tendencia a la inobservancia de las normas? Creo que Si, sobre todo, si voluntad hubiera para aplicarla. Esta ley 311-14 pudiera ser una amenaza, toda vez que la misma sea aplicada por quienes están llamados no solo a vigilar, sino también a hacer que sus disposiciones se cumplan,  logrando al final hacer que, la posibilidad de su aplicación tenga efecto disuasivo y preventivo.

Sin embargo, su realidad es otra y pocos respetan y nadie aplica. Desde su aprobación, las quejas y denuncias sobre funcionarios de todos los niveles y que según la propia ley están obligados a cumplir con ella y no lo hacen, llueven y a cántaros cual temporada ciclónica en República Dominicana y nada pasa.

Y es que, la falta a lo que establece la Ley  y a la aplicación de su régimen de consecuencias ya sobre pasó a los poderes ejecutivos, legislativos o municipales, ahora también tocó a quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes en nuestro país.

Recientemente fue presentado un informe del programa para estudios del desarrollo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el que se indicaba que El presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, y el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Robert Placencia Álvarez habían faltado a le ley 311-14

¿A dónde vamos a llegar?

Las constantes faltas a la ley por quienes están llamados a servir de ejemplo no han hecho más que, con el tiempo, mal orientar el comportamiento de las y los ciudadanos que, producto de la impunidad que impera en los estamentos de poder, ha perdido el respeto a cualquier reglamentación vigente y esto debe terminar.

Por encima de la ley no debe y puede estar nadie más que la propia ley y los regímenes de consecuencias que cada una ella establece deben ser aplicadas a quienes la incumplan.

El fin de la corrupción y la impunidad comenzará, el día en que leyes como la 311-14 se apliquen.

Mientras tanto, ciudadanos, les invito a levantarse cada día contra quienes por encima de la ley se sienten y a que cumplamos con nuestro deber ciudadano y constitucional de aplicar control social, para que, ante cualquier mal uso de los recursos públicos y hasta el incumplimiento a una Ley como la 311-14 que abre una brecha de posibilidad al enriquecimiento ilícito, levantemos nuestra voz y lo denunciémoslo, a tiempo.

Porque al final, cada peso que se desvía, es un día del futuro de nuestros hijos que nos ha sido robado. ¡Ahora más que nunca es el momento de vigilar que las leyes se cumplan y que paguen los que no la cumplen!

Amaury Reyna Liberato
Comentario en Al Filo, 29 de octubre , 2017

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